Carta Abierta
Señor Presidente de la República.
Señor Gobernador del Estado de Tamaulipas.
Señor Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Señor Secretario de la Función Pública.
Señor Presidente Municipal.
Señores Legisladores.

No es la guerra contra la delincuencia la única que deja víctimas, también las conductas irresponsables de funcionarios del Gobierno en contra de los ciudadanos, a los que quiebran en su moral, por la falta de confianza en las instituciones específicamente en la Secretaría de la Función Pública , y los sume en angustiante inseguridad, la de perder la estabilidad laboral y la económica de la familia y nuestros hijos.

Los Tamaulipecos estamos muy dolidos por todo lo que ocurre en nuestro entorno y en nada ayuda a su gobierno la actitud de un funcionario impuesto a la fuerza por la SCT en la dirección general de API ALTAMIRA, José Julian Dip Leos, que con su actitud arrogante, prepotente, arbitraria y déspota ha venido a hacer más grande la herida. Su ilegal imposición por el Gobierno Federal, según Othon Pérez Director de API’s de la SCT, y la oposición del Gobierno Estatal y Municipal y de los empresarios de la región, consta en documento pasado ante la Fe del Notario Público, donde contra los estatutos de la paraestatal se le dejó al frente de la misma.

A disgusto por su cambio de adscripción de Manzanillo a Altamira y por no haber sido recibido de buen grado, incluso por los consejeros, legisladores y empresarios locales por su reputación en el manejo discrecional del presupuesto, proyectos abandonados, obras a medias o no ejecutadas y absoluto desprecio por la ley, léase corrupción, de inmediato hizo presa de su ira y victimizo al personal de la API ALTAMIRA.

En efecto, una vez asignado su pequeño reino, de inmediato organizó una junta, en la que afirmó que llegaba en contra de su voluntad pues Tamaulipas era un Estado de delincuentes y salvajes, una tierra sin ley, por lo que si querían los de “arriba” que se quedara pediría protección y además traería a su propia a su “gente”, pues no confiaba en nadie y menos en “estos” que tienen fama de traidores a todos los niveles, dirigiéndose a en general a los Tamaulipecos.

Con mentalidad de conquistador, cuya orden es el saqueo y al amparo del paternalismo de la Secretaría de la Función Pública, sometió a los empleados y les asestó la siguiente consigna: “Seguramente ustedes ya están acostumbrados a las cabezas cortadas, pero si se trata de cortar cabezas, yo voy a cortar muchas” obviamente si sus órdenes no eran obedecidas.

Palabras que por demás, sobra decir, son más que traumatizantes y dolorosas para nosotros y que nos infieren violencia, sometimiento y humillación.

Tras una comisión inventada a Canadá, que en realidad tenía como objetivo presenciar las carreras de autos, burlándose de la alta investidura del Presidente de la República afirmo que llegó a crear empleos, pero de sus amigos y de inmediato corrió a algunos Gerentes, tras una socarrona sonrisa.

Enseguida ordenó “ajustes” al presupuesto, a lo cual muchos de nosotros nos negamos pues sabemos de la normatividad y sobre la responsabilidad que recae en nosotros, pues obviamente nada consta por escrito, por lo que ordenó el despido de otros más.

Como si se tratara de su dinero, y no el de todos los mexicanos asignados vía el presupuesto de egresos de la Federación, ordenó la resignación de partidas y la asignación de contratos millonarios para asesores y abogados y como todo lugarteniente, para protegerse incluyó en su nomina a gente de la PGR.

Sin importar que el recurso más importante de una empresa, es el humano por su experiencia, capacitación y perfil, enseguida lo despilfarro y se deshizo de él, al grado de que a la fecha ha corrido a casi el 90% de los empleados, como en muchas otras API’S.

Ha querido imponer su autoridad y lo ha logrado, pero a través del temor de los pocos empleados que quedan, ejerciendo su pequeño poder desde su puesto de cuarto nivel, pero causando grandes y graves daños, hizo gala del mismo y en un acto humillante, despótico y atentatorio a la dignidad de cualquier persona, en un recorrido que hizo dentro de la empresa una secretaría le sonrío, por la simple y sencilla razón de el temor que genera con dichos recorridos, pero al dictadorzuelo no le gusto ese gesto, volteó y ordenó una nueva ejecución, “ME CORREN A ESA GORDA”, dicho acto afortunadamente quedó registrado el acto en las cámaras de la paraestatal y fue presenciado por propios y ajenos de la API.

Tamaulipas tiene más víctimas, al amparo de la impunidad y la corrupción, pero esta vez a todas luces al amparo del Gobierno Federal.

No puede soslayarse la gran utilidad de la denuncia pública y de los “pitazos” desde dentro de las organizaciones criminales para los grandes golpes a la delincuencia organizada, porque se desprecian las denuncias contra funcionarios del gobierno, hechas por los propios servidores públicos que se niegan a ejecutar actos irregulares que pudieran generar responsabilidad administrativa y penal.

El denunciante es castigado y despedido, cuando la información que tiene es de gran valía, pues sabe y le constan los hechos.

Por ello los ciudadanos no solo no confiamos en los policías, tampoco en las instituciones, la Secretaría de la Función Pública tiene conocimiento de estos hechos, quizás hasta el hartazgo, pero sin ninguna consecuencia.

Mientras tanto si acaso una huelga de hambre involuntaria, cuando los recursos se acaben y ahora los puertos suman más desempleo a la de los aeropuertos, el desaliento de los ciudadanos es inmenso, la única esperanza es su urgente intervención, más allá de la condena intrascendente de los hechos denunciados. Responsable de la publicación Martín González*

*De generales ampliamente conocidas en la SFP y registrado ante el IFAI y el Poder Judicial y demás instancias administrativas.