Cedemos nuestro espacio a la 2a parte de “Se resume culpable o culpable presumido”, a petición de nuestros seguidores y dada la importancia de la noticia y de los involucrados.

La salida de Gochicoa Matienzo obedeció a factores de peso político, mas bien de muchos pesos, para ser exactos de $1’500,000.00 millones, en una red de corrupción en la que se ve involucrado una vez mas el controvertido Director General de APIALTAMIRA José Julian Dip Leos, pero con personajes del mas alto nivel, ANTONIO LOZANO GRACIA y el sorprendente, hasta hace poco PROCURADOR GEDNERAL DE LA REPUBLICA, ARTURO CHAVEZ CHAVEZ, quien no tardó en incorporarse a la eficientísima Procuradurìa Privada de Justicia del misterioso desaparecido DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS.

Esta es la nota.
Tamaulipas

Ejidatarios se amparan ante el despojo de 1,500 millones

El Sol de Tampico 3 de abril de 2011 VS  Por el despojo de mil quinientos millones de pesos que la Reforma Agraria y otras instancias federales, además de un grupo de abogados encabezados por el ex senador Diego Fernández de Cevallos, pretenden realizar, ejidatarios de Armenta recurrieron al amparo federal.

Así lo señaló el comisariado ejidal de Armenta, José Luis Balderas Ruiz, quien agregó que en relación al pago de predios que fueron adquiridos como parte de la conformación del polígono del Puerto Industrial, en 1982, y cuyo monto pretende ser reorientado afectando a los residentes de esa localidad rural.

Manifestó que el recurso legal fue interpuesto ante el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Tampico, asentándose en el expediente 176/2011-V, señalándose que "el ex senador, Diego Fernández de Cevallos y otros ex funcionarios federales, como los ex procuradores generales de la República, Antonio Lozano Gracia y Arturo Chávez Chávez, han realizado tráfico de influencias para presionar a la titular del organismo, a fin de que emita un fallo a su favor". "La demanda fue presentada por el abogado defensor de los ejidatarios, Antonio Cruz Machuca, en mi representación como presidente del comisariado ejidal; del presidente del Comité de Vigilancia, Adolfo Castillo Martínez, así como del cuerpo directivo en la localidad de Armenta", destacó. "Recurrimos al amparo para la protección de la justicia, toda vez que la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de Desarrollo Social, el Supremo Tribunal Agrario y la API-Alt pretenden cambiar el uso, modo de ejecución y aplicación de la cantidad de un mil quinientos millones de pesos que legalmente pertenecen al ejido", sostuvo, presentando el escrito con la autorización de los demás afectados. Afirmó que "mediante maniobras legales el grupo de abogados, que aparentemente representa los intereses de moradores del ejido Altamira, pretende afectar los derechos de los ejidatarios de Armenta".